Los investigadores descubrieron que a través de una empresa de Binissalem se había constituido una red de sociedades fantasma, muchas domiciliadas en esa misma oficina, que habrían dado de alta en la Seguridad Social a personas que nunca habrían trabajado. Los empresarios pagaban las primeras cuotas de impuestos, y a veces incluso no pagaban ni una sola de ellas, pero una vez que daban de baja a los trabajadores, exigían el cobro del desempleo. Así, se calcula que se estafaron 10 millones de euros al fisco, a la S.S. y a compañías de seguros.