Con el nuevo acuerdo, la Agencia Tributaria dispondrá de toda la información fiscal relevante "para el control adecuado y efectivo de los contribuyentes españoles", ya que implica el acceso a la información bancaria y contable, así como la capacidad para identificar a los beneficiarios efectivos de cualquier tipo de transacción. Supone, según Economía, "un apreciable avance" en la prevención del fraude fiscal y tendrá un importante efecto disuasorio para la realización de operaciones que tengan por finalidad el fraude fiscal internacional.