La querella presentada por Falange contra el juez Garzón y la infiltración de miembros del neofascista en el Movimiento Social Republicano (MSR) en el sindicato CGT ha reabierto en España el debate sobre la conveniencia o no de emplear la Ley de Partidos para prohibir todas aquellas organizaciones de carácter antidemocrático y xenófobo.