El Parlamento Europeo aprobará hoy con casi toda probabilidad una directiva que obligará a los Estados a fijar sanciones penales a los empleadores que den trabajo a inmigrantes sin papeles en determinadas circunstancias de explotación y abuso. Los empresarios serán excluidos de las ayudas públicas y subsidios, incluidas las subvenciones de la Unión, durante el plazo de cinco años, según la propuesta. La decisión del Parlamento será definitiva porque cuenta con el respaldo del Consejo, y entrará en vigor en el plazo de dos años.