En concreto, la proposición presentada por el partido morado en el 2018 prevé que se castigue con pena de multa de tres a nueve meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 50 días "al que se dirija a una persona en la vía pública con proposiciones, comportamientos o presiones de carácter sexual o sexista que, sin llegar a constituir un trato degradante ni atentado contra la libertad sexual, creen para la víctima una situación intimidatoria".