El Gobierno gallego aspira a la derogación del decreto vigente del concurso eólico, y a volver a repartir los 2.300 megavatios en liza. Rueda cuenta ya con un informe que cifra en poco más de 30.000 euros por parque la indemnización máxima a la que habría que hacer frente por los costes administrativos asumidos hasta ahora por los promotores.