La Infanta Cristina está aún más cerca de ser imputada por blanqueo de capitales y delito fiscal tras descubrirse no sólo que firmó como arrendadora y arrendataria de su palacete, sino que cada mes emitía facturas para cobrar de Aizoon el falso autoalquiler. Mediante este procedimiento, la hija pequeña del Rey se apropiaba de dinero público desviado desde el Instituto Nóos a la sociedad que comparte con Urdangarin.