La nueva Ley de Contratos del Sector Público puede suponer un giro de 180 grados al sistema que ha venido aplicándose hasta ahora para controlar la gestión de las obras públicas, y reforzar la apuesta de Ciudadanos por los supervisores independientes. El partido liderado por Albert Rivera incluyó entre sus 150 condiciones para respaldar la investidura de Mariano Rajoy dividir este organismo, y ahora también ha puesto sobre la mesa dotarlo del poder necesario para controlar a las constructoras.