Propuesta que transita la lógica de la reducción de riesgos y daños como vehículo para la construcción, paso a paso, de una mejor política de drogas. Propone la construcción gradual de la capacidad institucional en forma responsable mediante la creación de un mecanismo de separación de mercados para que los usuarios de cannabis no están expuestos ni a otras sustancias psicoactivas ni a los peligros del mercado negro y la delincuencia organizada.