Con el apoyo del Sindicat de Llogaters, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatorio Desc, se han presentado las primeras reclamaciones que exhortan al gobierno municipal a imponer las multas de hasta 900.000 euros que una ley de 2007 estipula para propietarios que coaccionen con «acciones u omisiones» a los inquilinos.