El Gobierno de Mariano Rajoy es consciente de que los recortes sociales y la reforma laboral van a seguir provocando que las calles se consoliden como un foco de protesta. Lo han visto ya en las movilizaciones de los indignados del 15-M, los estudiantes de la 'Primavera Valenciana' y la huelga general del 29 de marzo. Ante esta escalada de la tensión social, el Ejecutivo ha decido reformar "en profundidad" el Código Penal la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana.