La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, firmó una nueva ley llamada “Ley de delitos Informáticos” que castiga entre otras acciones, a quien accese, difunda y publique alguna información que pueda perjudicar informaciones secretas políticas, afectando así una posible investigación a algún funcionario público que se vea envuelto en algún escándalo político, esto según miembros del Colegio de Periodistas