El uso de los autos fiscales para fines personales está estrictamente prohibido por la ley, ya que implica el uso de recursos del Estado en beneficio propio, más aún si se trata de propaganda política. El escenario para el alcalde Carter es complejo. Lo más probable es que una vez terminado el sumario, la Contraloría envíe los antecedentes al Ministerio Público para que evalúe el inicio de una investigación penal y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se haga parte de la misma. Aquí el delito es claro: fraude al fisco.