Pedirá explicaciones al Gobierno, ya que la ley establece que los altos cargos no podrán incorporarse a empresas privadas que estén "relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado" hasta que pasen dos años desde su cese. Para Alberto Garzón, las empresas fichan a los políticos no por sus "habilidades", sino por su agenda y su capacidad de influencia. "Así se tejen redes oscuras y poco transparentes que redundan en un deterioro de la democracia", ha comentado.
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