"La suspensión del juez Baltasar Garzón carece de fundamento jurídico suficiente y es una forma de reprimir y criminalizar el ejercicio libre de la independencia judicial". Así al menos lo cree el ex fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, para quien esta medida creará "un cierto clima de amedrentamiento sobre jueces y magistrados". En su opinión, la decisión del Consejo General del Poder Judicial significa que "subsisten, de forma más o menos larvada, formas de pensar próximas al franquismo [entre jueces y magistrados]".