La Junta de Andalucía conocía al menos desde el verano de 2008, dos años antes de que estallara el escándalo, el cúmulo de presuntas irregularidades que se estaban produciendo en relación con la concesión de ayudas para expedientes de regulación de empleo (ERE) y subvenciones a empresas y ayuntamientos con la partida presupuestaria 31L, conocida como «fondo de reptiles», durante la etapa de Francisco Javier Guerrero, actualmente en prisión, al frente de la Dirección General de Trabajo.