La norma catalana que ofrece a los ciudadanos un canal para catalanizar su apellido si está justificado lingüísticamente tiene una réplica en la legislación española, y fue aprobada durante el gobierno de José María Aznar, en 1999. Se trata de la ley 40/1999, un texto que, al igual que el decreto de la época de Jordi Pujol criticado este martes por Alicia Sánchez-Camacho, regula la posibilidad de hacer modificaciones si el interesado lo solicita (traducción en #2).