En 1999, el gobierno de Suecia se embarcó en un experimento de ingeniería social que intentaba poner fin a la práctica masculina de comprar servicios de sexo comercial. El gobierno promulgó una nueva ley penalizando la compra (pero no la venta) de sexo. No sorprendentemente, el experimento ha fracasado. En los trece años que han pasado desde que se promulgó la ley, el gobierno sueco ha sido incapaz de probar que la ley haya reducido el número de compradores o vendedoras de sexo o haya detenido la trata.