La Ley de Transparencia y Buen Gobierno debería aprobarse a lo largo de este junto a la reforma del Código Penal. En ella, se pretende imponer sanciones a aquellos políticos que no cumplan con el déficit y endeudamiento fijados por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, así como a aquellos que comprometan gastos o asuman obligaciones sin tener el crédito suficiente para su financiación y a los que no contabilicen adecuadamente sus facturas.