España es el único de país europeo con más de un millón de habitantes que no cuenta con una ley de acceso a la información pública. Esto implica que el gobierno y las instituciones públicas no están obligadas a facilitarnos información necesaria para tomar decisiones importantes en el ámbito personal, profesional y político. He aquí algunos ejemplos: La mayoría de los delitos económicos prescribe a los cinco años. Una legislatura completa son cuatro. Si un cargo político consigue bloquear un año más la información de sus trapicheos, ...