Un tribunal de apelaciones en EEUU acaba de dictaminar que la restricción de la venta y alquiler de videojuegos violentos a menores de edad y los requisitos de etiquetado del producto son claramente inconstitucionales. El tribunal añade que los legisladores de California no han sido capaces de demostrar que un juego violento produzca daños psicológicos o neurológicos en los niños. La solución sería un sistema de etiquetado voluntario, campañas educativas y un mayor control parental.