El Gobierno rescindirá 32 contratos de obras públicas y demorará entre uno y cuatro años otros 199 proyectos de carreteras y ferrocariles, mientras que 885 contratos de nueva obra actualmente en ejecución seguirán su curso sin alteración. Castilla y León, Aragón, Cataluña y Cantabria concentran más de la mitad de los recortes. El plan es ahorrar 3.435 millones.