El actual Gobierno de Aragón, desoyendo la normativa internacional (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias…), estatal (Constitución española de 1978) y el propio Estatuto de Autonomía pretende aprueba una norma que niega la existencia tanto del aragonés como del catalán y condena a estas dos lenguas a la invisibilidad y a medio plazo a su desaparición.