La Audiencia Nacional ha rechazado la pretensión de la empresa Instalaza de una indemnización del Gobierno por 60 millones de euros como compensación por prohibirle en 2008 la fabricación de bombas de racimo. Se da la circunstancia de que el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, era consejero y representante de la compañía en la fecha en la que hizo la millonaria reclamación.