Un total de 26 provincias españolas han incrementado el precio de su transporte público en 2011, una medida que ha sido duramente criticada por las asociaciones de consumidores, quienes insisten en que este tipo de subidas perjudican principalmente a las familias con menos recursos. Además, advierten de que no cumplen con el objetivo de fomentar el uso de este tipo de transporte en la ciudad.