[c&p] Se avisó, y se está cumpliendo. La sanción en año y medio a 93 empresarios extremeños con más de 1,1 millones de euros por contrataciones ilegales sirve de aviso a navegantes respecto a las intenciones del Gobierno: mano dura contra los que no cumplan la ley en materia de inmigración y derechos de los trabajadores.