Recurrir a la picaresca para aparcar en plazas reservadas para personas con minusvalía o discapacidad puede salir muy caro. El último ejemplo lo encontramos en un residente de Palma de Mallorca, que acaba de ser condenado a seis meses de cárcel y a una multa de más de 700 euros por falsear la tarjeta que habilita a conductores con minusvalía para ello. Se le ha imputado por un delito por falsedad documental.