Los informes de los dos funcionarios del Ayuntamiento de Leganés argumentan que si la Comunidad de Madrid o los Ayuntamientos venden sus acciones se crearía una situación paradójica: “Si la sociedad pasa a integrarse en un futuro por capital privado, el modelo de gestión sería indirecto y entraríamos tal y como se infiere de la normativa europea a una adjudicación directa de servicio sin procedimiento de licitación”, indica el informe de la interventora.