En una comparecencia ante la comisión parlamentaria que tramita el texto, el secretario de Estudios de CCOO, Rodolfo Benito, ha advertido de que, en el caso de las organizaciones sindicales, la obligación de "información activa" que recoge la ley debe "quedar limitada al ámbito de la gestión de los recursos públicos y de los programas de financiación pública que gestionan".