En un país con unos mínimos democráticos, con un nivel aceptable de transparencia en los partidos políticos y en su financiación, el 99% de los miembros del Gobierno habrían dado con sus huesos en la cárcel antes del 20n por sus implicaciones en la Gürtel, y la financiación ilegal de su partido -ya entonces más que probada- lo hubiera hecho desaparecer del espectro político, con lo que difícilmente podrían estar gobernando.