Los acontecimientos se han precipitado de forma acelerada e imprevisible en las últimas semanas. Nadie podía prever -ni los sindicatos, ni el gobierno regional, ni la oposición, ni la prensa- que la aprobación de la Ley de Valcárcel que imponía recortes sociales y salariales a los empleados públicos iba a desencadenar el más importante conflicto social de los últimos 15 años.