Dado que la mayoría de estos barcos dedicados al 'chárter náutico' son motoveleros, con un valor estimado medio de 600.000 euros por embarcación, el Ejecutivo calcula que se perderían unos 72.000 euros por matriculación. En total, 1,2 millones de euros que, según reconoce el Ejecutivo, no serán recaudadas por las comunidades autónomas, que tienen cedido totalmente este tributo.