Sin la contestación social ni el coste político de otros cambios legislativos, el Gobierno está modificando profundamente el corpus jurídico de protección al medio ambiente en asuntos tan sensibles como costas, espacios protegidos, energía, planes hidrológicos, especies invasoras o evaluación ambiental. La última reforma prevé un mayor control del Estado y abre la mano a actividades turísticas, cinegéticas, recreativas y empresariales actualmente prohibidas en estos espacios.