La nueva normativa en materia de renovables aplicada por el Gobierno de España, a través del Real Decreto Ley 6/2009 de 30 de abril, aprobada por sorpresa con el llamado "bono social" y que no ha contado con la opinión del sector, de la Comisión Nacional de Energía (CNE) o de las CCAA establece un importante cambio de régimen jurídico que pone en entredicho la teórica apuesta y el compromiso con las energías renovables del Gobierno.