La Iglesia católica apenas aporta cantidades a la restauración, que es asumida en su práctica totalidad (salvo contadas excepciones) por las administraciones públicas, tanto autonómicas como locales, y entidades privadas o fundaciones. La razón que aducen es su maltrecha economía, a pesar de que cuentan con exenciones fiscales, como el IVA, y tributarias, como el Impuesto de Bienes Inmuebles. Además argumentan que se trata de patrimonio histórico y artístico, no solo religioso.