Todos sabéis que existen numerosos incentivos para que los empresarios transformen los contratos temporales de sus empleados en indefinidos, o directamente contraten a sus nuevos empleados con dicha modalidad. Entre esos incentivos se superponen los de naturaleza estatal (que suelen implicar una rebaja de 500 o 1000 euros en las cotizaciones anuales a ingresar durante varios años) y los autonómicos, de modo que un empresario puede disfrutar varios a la vez. Pues bien, ayer escuché al candidato del PP a la presidencia de Murcia decir que daría una ayuda adicional de 6000 euros a los empresarios por cada contrato indefinido que hicieran.
Teniendo en cuenta las decenas de miles de contratos indefinidos que se realizan en España al año, estas ayudas implican la pérdida de millones de euros por las arcas públicas, en un contexto donde ya están bastante esquilmadas y hay dificultades hasta para pagar las pensiones. Millones de euros que se ahorran empresas cuyos ingresos, con carácter general, les permitirían afrontarlos. Pero lo que más me indigna es que se premie sustanciosamente al empresario por hacer algo que es una obligación legal.
En efecto, hacer un contrato indefinido no es un favor que el empresario puede regalar al trabajador si quiere. Es una obligación legal. Si contratas a un camarero para la temporada de verano y no vas a necesitarle en septiembre, la ley te permite hacerle un contrato temporal eventual por circunstancias de la producción. Si contratas a un informático para que instale el sistema de ordenadores de tu oficina y enseñe a tus empleados a usarlo, puedes hacerle un contrato temporal por obra o servicio. Pero si contratas a alguien para hacer frente a necesidades estructurales y permanentes de tu empresa, debes hacerle un contrato indefinido. No es una elección, sino una obligación impuesta por ley, y no debería implicar ningún premio, igual que no se nos premia a los ciudadanos de a pie por hacer la declaración de la renta.
Los defensores de estas ayudas podrán decir que es muy difícil controlar la legalidad de todos los contratos que se hacen, y que es mejor incentivar a los empresarios a que los hagan bien por sí mismos. Yo les respondo que dediquen el dinero de las ayudas a contratar inspectores de trabajo. Además un puesto de inspector de trabajo (como el de inspector de hacienda) se paga solo, pues el dinero que genera en multas y regularización de cotizaciones al mes es muy superior al que cuesta mantenerlo. A pesar de ello, los sucesivos gobiernos (y sobre todo los del PP) prefieren dar ayudas a los empresarios por cumplir la ley antes que invertir en los agentes que deben hacerla cumplir (y que hoy nos faltan mucho, pues en Murcia la Inspección de Trabajo está tardando más de 9 meses en resolver casos precisamente por la falta de personal).
Todo esto entronca con una de las principales rémoras de este país, y es la falta de firmeza de los poderes públicos a la hora de controlar el deber cívico de los poderosos, que muchas veces se sustituye por el cumplimiento parcial a cambio de regalos (véase la amnistía fiscal) o la caridad. Yo veo genial que Amancio Ortega haga donaciones de equipos médicos, y me encantaría que todos los millonarios las hiciesen. Eso sí, previo pago de sus obligaciones fiscales (que son mucho más cuantiosas que las donaciones), y sin que esas donaciones puedan servir para eximirles de cumplir sus deberes o atenuarlos. Es lo que diferencia a un Estado moderno de una monarquía bananera.
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