Se trata de una nueva solicitud planteada al Tribunal de Luxemburgo después de que el pasado mes de agosto un juez de Marchena (Sevilla) cuestinara también si la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, "no supone sino una limitación clara a la protección del interés del consumidor". RELACIONADA:
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