Ninguno de los cuatro partidos con opciones a gobernar España a partir del 23-J ha incluido en sus programas electorales referencia alguna al escándalo de las inmatriculaciones, que permitió a la Iglesia católica inscribir a su nombre más de 100.000 bienes, entre ellos monumentos de enorme valor cultural, plazas públicas, cementerios, fincas, ermitas, viviendas y hasta frontones. Ninguna iniciativa parlamentaria ha modificado ni un ápice de las disposiciones normativas que permitieron a los obispos apropiarse de miles de bienes...