Al final, la realidad dista mucho de las pretensiones iniciales. El ambicioso programa anunciado a bombo y platillo para hacer aflorar empleo sumergido quedó reducido a un endurecimiento de las sanciones que pretende meter miedo a los empresarios para incentivar la contratación. Las compañías tendrán de plazo hasta el 31 de julio para regularizar, de forma voluntaria, a sus trabajadores. Una suerte de indulto previo al aumento de la cuantía de las multas que entrará en vigor el 1 de agosto.