La Policía pidió a la Audiencia Nacional ilegalizar el 25S y detener a sus promotores antes de que se celebrase la manifestación. Por suerte (incluso para el propio Gobierno), tanto el juez Pedraz como la Fiscalía rechazaron esta exagerada petición, que habría situado a España como la única democracia europea donde se detiene a los que protestan de forma preventiva: antes incluso de que vayan a cometer ese supuesto delito del que se les acusa.