Los abusos se cometieron entre 2009 y 2011. Un grupo no determinado de policías, pero que serían más de veinte, captó a las chicas y las sometió a continuas violaciones; tras violarlas les daban dinero y algo de comida. En algunas ocasiones, las obligaban a quedarse varios días en los destacamentos y también sufrieron violaciones en automóviles de la fuerza, donde les colocaban o tapaban con uniformes para que pasaran inadvertidas. La magistrada consideró que no hay peligro de fuga y por eso decidió que los acusados no vayan a la cárcel.