El PP ha abierto un poco más el coladero de los pecados urbanísticos del litoral y avanza en la privatización de la costa española. Una enmienda a la nueva Ley de Costas reduce en la práctica la zona de litoral protegida de 100 a 20 metros, por lo que las viviendas que se sitúan en esos 80 metros de diferencia pasarán de estar sometidas a controles muy estrictos para hacer obras o cambios en su estructura, a tener todos los parabienes para hacer obras cumpliendo la normativa de ayuntamientos y comunidades autónomas.