Según publica El País, las negociaciones entre la industria audiovisual y las operadoras españolas para luchar contra la descarga e intercambio de archivos no autorizados se están centrando en la persecución de las webs que facilitan los enlaces. Se renunciaría así a perseguir a los millones de internautas que realizan estas actividades, evitando la alarma social de modelos como el francés.