El argumento de los magistrados conservadores para negarle la aprobación a Díez y Campo es que es necesario primero que el CGPJ haga sus dos nombramientos, en cumplimiento de la Constitución, que indica que la renovación en el TC ha de hacerse por tercios, es decir, cada cuatro magistrados. El propio Tribunal Constitucional sentenció al respecto el 15 de noviembre de 2016 : "Cuando un órgano que tenga obligación de nombrar magistrados del Constitucional no lo haga en tiempo y forma eso no puede retrasar a otro órgano".