El Gobierno de Giorgia Meloni ha aumentado de 2.000 a 10.000 euros la cantidad máxima con la que se puede pagar en efectivo. El efectivo es más difícil de rastrear en comparación con los pagos electrónicos, por lo que es más probable que se utilice con fines ilícitos. Sin embargo, obligar a la gente a usar tarjetas de crédito es impopular en algunos sectores, aparentemente por razones de libertad y privacidad.