Después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dijera que ella es "pobre de pedir" con un sueldo anual de 100.000 euros, dietas aparte, varias agrupaciones de IU y del PSOE (juventudes socialistas y de la corriente interna Izquierda Socialista) se han adherido a la propuesta para regular por ley el máximo legal del salario del jefe del Estado y de los cargos públicos de todas las administraciones del Estado: Gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos, así como parlamentarios en Congreso y Senado.