Bélgica, Alemania, Irlanda, Francia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Austria, Reino Unido y Malta, tienen todo el "derecho" a expulsarlos, porque cuando Rumanía y Bulgaria entraron en la UE, los miembros podían decidir si les reconocían el pleno derecho al trabajo desde el primer momento o esperaban a 2014. En Francia, los ciudadanos rumanos y búlgaros si no tenían un contrato de trabajo (evitar una carga excesiva para el sistema de asistencia social) o no respetaban el orden público, podían ser expulsados.