Ante las graves repercusiones que podría tener la reposición de la legalidad advirtió que el daño ambiental de esa actuación para devolver los terrenos a su estado original podría ser mayor que al ya realizado. La sentencia obliga a Xunta, Diputación de Pontevedra y Autoridad Portuaria a efectuar "la reposición de la zona portuaria a la anterior situación y estado". El fallo, que anula todo el Plan Especial portuario, cuestiona seriamente la legalidad de los rellenos ejecutados en la ría pontevedresa. Relacionada: menea.me/hbjm