Los puertorriqueños han rechazado dos enmiendas constitucionales, una que quería limitar el derecho a fianza (policial), y otra que reduciría el número de escaños. Se proponía reducir desde los 78 actuales hasta los 56 el número de escaños parlamentarios con el fin de reducir el gasto público. Los partidos minoritarios consideraban que dificultaría a las formaciones minoritarias sumar escaños.