El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido ha rechazado la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Constitucional sobre los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, acusados por el Tribunal Supremo de un delito de estafa y falsedad mercantil, que el Constitucional considera probado, pero prescrito. Según dijo, discrepa "radical y profundamente" de esta resolución, porque, además de que "permite a los acusados quedarse con el dinero de la estafa", no protege a las víctimas.